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17 y 18 de julio de 1936

    Antes de continuar, me gustaría insistir en que todos los acontecimientos y hechos aquí relatados han sido elaborados a partir de un pormenorizado estudio documental y bibliográfico. La mayor parte de la documentación existente se corresponde a la elaborada por los que ganaron la guerra: Tribunales Militares, Responsabilidades Políticas, Causa General, etc. Ésta es una realidad que siempre deberíamos tener en cuenta a medida que leemos este contenido. Se trata de un desequilibrio tan importante en las fuentes que a veces, obtener una narración histórica lo más objetiva posible se hace complejo. Igualmente sucede en sentido inverso: la información disponible del bando republicano es de un volumen infinitamente inferior y, paradójicamente, nos encontramos frente a la misma problemática. Por ejemplo, el estudio de los expedientes que han quedado sobre las declaraciones ante los Tribunales Populares puede confundir al lector. Algunas personas claramente fascistas y/o promovedoras o simpatizantes del alzamiento, frente a los Tribunales Populares se declaran inocentes, a la vez que aportan visiones distorsionadas, a menudo conscientemente, sobre la realidad de los hechos. Estas mismas personas aportarán denuncias y declaraciones totalmente opuestas una vez haya finalizado la guerra. Añadir que durante la investigación y desarrollo de este proyecto, encontramos fortuitamente una documentación de gran valor que creíamos perdida, la del Comité de Enlace del Frente Popular. Con ello, podemos tener una visión de conjunto un poco más equilibrada.

    Por no extenderme demasiado en este punto, también he de decir, por lo que a mí respecta que, tratándose de la reconstrucción de la guerra civil a nivel local, he considerado ampliamente la posibilidad de aportar apodos, nombres completos o sólo sus iniciales. Con respecto a los apodos decidí no incluirlos para evitar que halla confusiones y/o malentendidos y por respeto a las familias que todavía se apodan de la misma manera. Amparada por la legalidad vigente y, habiendo transcurrido ya 80 años desde que se produjera el alzamiento, finalmente he optado por la introducción de nombres completos tanto para un bando como para el otro. El caso es que los nombres siempre han estado ahí y con este trabajo me he limitado a enlazarlos dentro del discurso narrativo conforme a fechas, sucesos y temáticas. Siempre se han conocido los nombres de los integrantes del bando perdedor en La Roda, tanto si fueron encarcelados, como ejecutados o exiliados. Las familias de estas personas en general abandonaron el pueblo si estaban en condiciones de hacerlo; mientras que los que no pudieron, aquí permanecieron, a duras penas subsistiendo. Estoy convencida de que para las familias vinculadas en la actualidad a aquéllas personas que perdieron la guerra, que aparezcan sus nombres o no, a día de hoy podrá ser un asunto insignificante, emotivo en ocasiones y motivo de vergüenza en otras. Me consta que tras décadas de represión, muchos familiares descendientes de aquéllos que perdieron, a día de hoy siguen sintiendo temor y vergüenza. Sin embargo y por desgracia, muchos de los que dejaron todo atado y bien atado no ven con buenos ojos que sus nombres vuelvan a aparecer; en este caso, no sólo para contar hazañas y actos heroicos. En cualquier caso, para el que quiera saber, aquí están todos los nombres.

    Después de cuarenta años de una Dictadura de vencedores, y de otros tantos de silencio, estamos en nuestro derecho a saber. No queremos una verdad a medias, queremos saber lo que sucedió y, haciendo uso de la frase de moda, de remover el pasado; de investigar y estudiar, tanto por el deseo como por la necesidad de aportar una visión de lo que, con la ayuda de documentos, sucedió y obviamente nunca se contó. Más allá de las ideologías que cada cuál podamos tener y del maniqueísmo con que, esta parte de nuestra historia se nos ha presentado, pretendemos ofrecer un relato equilibrado y justo para todas las partes involucradas en el conflicto. Aún así debo apuntar que a estas alturas, algunos temerosos todavía se atreven a obstaculizar investigaciones de este tipo, entre las que me incluyo.

    En cuanto a la normativa 1 que regula el derecho de acceso a documentos públicos y su difusión, el artículo 105.b de la Constitución Española nos dice que la Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. El acceso a dicha información queda regulado posteriormente en leyes como la de Patrimonio Histórico Español, donde en el artículo 57.c, encontramos que los documentos que contengan datos de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

    Continuando con los sucesos previos al estallido de la guerra, debería recordar que no sólo la gestión política desde el Ayuntamiento no funciona, sino que en la calle las cosas tampoco marchan nada bien. Aunque no tenemos referencias explícitas a actos de violencia física en La Roda antes de la sublevación militar, sí que podemos ver cómo las personas se van encuadrando en las diferentes opciones políticas del momento. No está demás decir que los sectores juveniles son los que más se radicalizan. Por parte de los movimientos de derechas, en La Roda las secciones juveniles de Falange serán las de mayor protagonismo. Por parte de la izquierda, en marzo de 1936 surgirán las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), tras la unión de aquéllos con las Juventudes Comunistas. La inestabilidad social promovida por éste y otros aspectos, hará que los propietarios y las clases burguesas, y en ello incluyo a muchos republicanos, vieran el levantamiento militar como la única salida.

(…)

Publicado enInvestigación históricaPolíticaSociedad

Un comentario

  1. Anónimo Anónimo

    80 aniversario del golpe de estado protagonizado por militares perjuros, desleales y traidores, apoyados por civiles de ideología fascista que causaron tres largos años de cruenta guerra civil. Tras la fratricida guerra llegó la victoria, que no la paz; esos mismos militares, que se habían sublevado contra la legitimidad repúblicana, y sus cómplices instauraron un régimen genocida, de terror, dedicado al exterminio de todos quienes no fueran sus partidarios. Durante toda la dictadura España siguió siendo un régimen de hecho, pero no de derecho. Y así seguimos a día de hoy porque, mientras no se reconozca el delito cometido hace hoy 80 años, no se haga justicia con los responsables y no se resarza a las víctimas, no podrá hablarse de Estado de derecho. Ni 40 ni 400 años de ejercicio del poder pueden convertir a una banda de criminales y asesinos en un gobierno respetable de gentes honradas.
    Y ese es el problema que sigue impidiendo la plena homologación de España con las naciones civilizadas y democráticas. Un país en el que sigue habiendo más de cien mil personas asesinadas y enterradas en fosas comunes a las que no se ha hecho justicia, es un país enfermo, que no puede mirar a su pasado ni puede encontrar paz en el presente.
    Durante los años de gobierno de los neofranquistas del PP, se ha paralizado el tímido e insuficiente intento de hacer justicia de la Ley de la Memoria Histórica. Una prueba obvia de que los herederos biológicos e ideológicos de los criminales de julio de 1936 siguen en sus trece y pretenden que el país olvide su deber de conciencia para con las víctimas del genocidio franquista.
    La verdad es que, en esta lamentable actitud de olvido participa desde el comienzo la izquierda, que debiera ser quien presionara sin descanso para que se haga justicia al más inhumano, más cruel y despiadado episodio de la historia de España. El error comenzó con la propuesta de "reconciliación nacional" que hicieron los comunistas en el exilio en los años 60. Los franquistas entendieron el mensaje y, durante la transición, engañaron a todo el mundo con una ley de amnistía que también los amnistiaba a ellos y una izquierda ingenua acabó aceptando como justa una ley de punto final. Pero que una ley inicua sea aceptada como justa no la hace menos inicua.
    Y los torturados, asesinados, los exiliados, los niños robados, las gentes expoliadas, quedaron en el olvido, al margen de toda justicia. La corrupción fundamental sobre la que estaba erigida la dictadura de Franco, esto es, la conversión de la delincuencia y la ilegalidad en legalidad y viceversa ha llegado al día de hoy porque la transición cambió una "constitución" irrisoria por otra que ha acabado siendo tan irrisoria como la anterior, pero no cambió en absoluto el conjunto del ordenamiento jurídico. Y es aquel ordenamiento jurídico de la dictadura, perverso y degenerado, en el que, al modo de Orwell, la ilegalidad era la legalidad, el delincuente, inocente y el crimen una virtud, el que explica por qué la corrupción es un fenómeno endémico en España: porque es herencia del régimen de Franco, contrario a todo principio de derecho.
    Pero, si los muertos no son honrados, los vivos no conocerán la paz. Por mucho que estos franquistas del gobierno, esta banda de presuntos malhechores y corruptos, trate de evitar que se haga justicia a la víctimas y los victimarios ocupen el lugar de deshonra e infamia que les corresponde, la justicia acabará imponiéndose. Mientras tanto, España seguirá siendo un país enfermo.

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