domingo, 17 de julio de 2016

17 y 18 de julio de 1936


Antes de continuar, me gustaría insistir en que todos los acontecimientos y hechos aquí relatados han sido elaborados a partir de un pormenorizado estudio documental y bibliográfico. La mayor parte de la documentación existente se corresponde a la elaborada por los que ganaron la guerra: Tribunales Militares, Responsabilidades Políticas, Causa General, etc. Ésta es una realidad que siempre deberemos tener en cuenta a medida que leemos este contenido, puesto que puede afectar enormemente a la veracidad de lo relatado. Igualmente sucede en sentido inverso: aunque la documentación elaborada por los “perdedores” es de un volumen infinitamente inferior, nos encontramos frente a la misma problemática. Por ejemplo, el estudio de los expedientes que han quedado sobre las declaraciones ante los Tribunales Populares puede confundir al lector en el sentido de que algunas personas claramente “fascistas” y/o promovedoras o simpatizantes del alzamiento, frente a los Tribunales Populares se declaran inocentes, a la vez que aportan visiones distorsionadas, a veces consciente, otras inconscientemente, sobre la realidad de los hechos. Estas mismas personas aportarán denuncias y declaraciones totalmente opuestas una vez haya finalizado la guerra.

Por no extenderme demasiado en este punto, también he de decir, por lo que a mí respecta que, tratándose de la reconstrucción de la guerra civil a nivel local, he considerado ampliamente la posibilidad de aportar nombres completos o sólo sus iniciales. Amparada por la legalidad vigente y, habiendo transcurrido ya 80 años desde que se produjera el alzamiento, finalmente he optado por la introducción de nombres completos tanto para un bando como para el otro. Siempre se han conocido los nombres de los integrantes del bando perdedor en La Roda, tanto si fueron encarcelados, como ejecutados o exiliados. Las familias de estas personas en general abandonaron el pueblo si estaban en condiciones de hacerlo; mientras que los que no pudieron, aquí permanecieron, a duras penas subsistiendo. Estoy convencida de que para las familias vinculadas en la actualidad a aquéllas personas que perdieron la guerra, que aparezcan sus nombres o no, a día de hoy podrá ser un asunto insignificante; emotivo en ocasiones y, tal vez en otras, una cuestión de orgullo. De lo que tengo dudas es respecto al caso contrario. Aquéllos que dejaron todo “atado y bien atado” no creo que vieran con buenos ojos que sus nombres vuelven a aparecer; en este caso, no sólo para contar hazañas y actos heroicos. En cualquier caso, estamos en nuestro derecho de saber lo que sucedió y, haciendo uso de la frase de moda, de remover el pasado; por placer, sí (no malinterpreten el sentido placentero de mis emociones), y por el deseo y la necesidad de aportar una visión de lo que, con la ayuda de documentos, verdaderamente sucedió y obviamente nunca se contó. Más allá de las ideologías que cada cuál podamos tener y del maniqueísmo con que, esta parte de nuestra historia se nos ha presentado, pretendemos ofrecer un relato equilibrado y justo para todas las partes involucradas en el conflicto.

En cuanto a la normativa 1 que regula el derecho de acceso a documentos públicos y su difusión, el artículo 105.b de la Constitución Española nos dice que “la Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas”. El acceso a dicha información queda regulado posteriormente en leyes como la de Patrimonio Histórico Español, donde en el artículo 57.c, encontramos que “los documentos que contengan datos de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”.

Continuando con los sucesos previos al estallido de la guerra, debería recordar que no sólo la gestión política desde el Ayuntamiento no funciona, sino que en la calle las cosas tampoco marchan nada bien. Aunque no tenemos referencias explícitas a actos de violencia física en La Roda antes de la sublevación militar, sí que podemos ver cómo las personas se van encuadrando en las diferentes opciones políticas del momento. No está demás decir que los sectores juveniles son los que más se radicalizan. Por parte de los movimientos de derechas, en La Roda las secciones juveniles de Falange serán las de mayor protagonismo. Por parte de la izquierda, en marzo de 1936 surgirán las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), tras la unión de aquéllos con las Juventudes Comunistas. La inestabilidad social promovida por éste y otros aspectos, hará que los propietarios y las clases burguesas, y en ello incluyo a muchos republicanos, vieran el levantamiento militar como la única salida.

En una entrevista que el alcalde José López Ballesteros concede al Roda Fuerte en mayor de 1936, dice que respecto al orden público cree que no hay que hacer nada, pero que si alguien con tal de perturbar en perjuicio de la República, intentara hacer algo, tendría la suficiente serenidad y energía para impedirlo. Dado el bloqueo institucional y gubernamental que se vive en el Ayuntamiento, el alcalde republicano está advirtiendo más probablemente a los socialistas que refiriéndose a la presencia de grupos falangistas armados por las calles. Poco después, José López vuelve a ser entrevistado en esta ocasión para acallar los rumores de su supuesto cese en el cargo. Dice que no se retirará voluntariamente y menos en estos instantes en que a mi modo de entender soy necesario al frente de la alcaldía, poniendo a contribución cuanto pueda en defensa de mi pueblo.

En los primeros días de julio ya había en Albacete rumores acerca de un pronunciamiento militar encabezado por la Guardia Civil, militares y un pequeño grupo de derechistas entre los que destacaban los falangistas. En La Roda, la parálisis de los grupos burgueses republicanos frente a la supuesta sublevación se hace evidente en la reunión que se realiza en casa de Amós Gil. El 17 de julio se juntan en la casa2 del que había sido diputado por el partido de Portela Valladares, Amós Gil Pedraza. A la reunión asisten Antonio de la Peña Miranda, de Izquierda Republicana, que había sido alcalde portelista; Ramón Ferrer y también Tirso y Francisco García Belmonte (“Franciscón”), ambos apoderados por los partidos de izquierdas en febrero de 1936. A la reunión asistieron más personas cuyos nombres desconocemos. Parece ser que los citados ya estaban al corriente de lo que se preparaba para el 18 y 19 de julio, por lo que deciden reunirse y valorar qué posición adoptar, si apoyar o no la sublevación. Finalmente, más por miedo que por convicción, optan por no apoyar a los rebeldes y mantenerse fieles al Gobierno de la República.

Al terminar la guerra serán represaliados por su tibieza a la hora de apoyar la rebelión. Algunos de ellos fueron paseados por las calles de la población, para dar ejemplo a futuros disidentes. Incluso a otros les harán limpiarlas y barrerlas, como sucedió a Tirso García. A su hermano Francisco le requisarán la casa que tenía en la esquina al lado de la Posada del Sol. Aquí instalarán la sede de Falange durante un breve periodo ya que pronto le devuelven la propiedad, pues estas personas de origen burgués, aunque no apoyaran la sublevación abiertamente, siempre la vieron con buenos ojos. Aparte de los trabajos humillantes o de la requisa de inmuebles, también estuvieron sujetos a sanción económica destinada a Falange y a la Iglesia. Los hijos de muchos de ellos, como el grueso de la población, pasarán a engrosar las listas de FET y de las JONS al volver del frente o alcanzar la edad.

Al día siguiente, en la noche del sábado 18 de julio, mientras el periódico semanal Roda Fuerte celebraba la “Verbena de la prensa”, muchos esperaban las noticias que a través de la radio se difundían a cuenta gotas sobre la sublevación de las guarniciones en Marruecos. La primera escaramuza recogida en los documentos 3 se refiere a esta noche, a la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, concretamente entorno a las 3 de la mañana, momento a partir del cuál se esperaba algún comunicado oficial.








A sabiendas de la inminente sublevación, el alcalde José López Ballesteros había dado órdenes a una pareja de guardias municipales para que procedieran a cachear a todo sospechoso que encontraran por las calles. Los guardias eran Sebastián Tébar Moreno y José Castillo Nieto (apodados Tomillo y Polón respectivamente). Al encontrarse éstos por la esquina de la calle del Cristo, aparece Julián Fernández Cuenca (Mentirola), al que por encontrar sospechoso intentan cachear. Julián dice que “no hay cojones” y saca una pistola poniéndola sobre el pecho de unos de los guardias. Inmediatamente después sale huyendo hacia el Casino del Círculo Radical Republicano para avisar “a los señoritos que allí se encontraban”. Uno de los guardias en ese momento lanza un tiro al aire y al poco comienza a salir un grupo de individuos del Casino, pistolas en mano, apuntando a la pareja de guardias al grito de “vamos a por ellos que ya ha llegado el día”. Los guardias salen corriendo y se refugian en el Bar Molina. Los individuos que salen del Casino son Gabriel Arce, Leopoldo y César Cadenas, Miguel Mas, Antonio Lozano, Florencio Romero, Gil Alarcón, Antonio Alarcón, Jose María Alarcón, Jose Valls y otros, es decir, en su mayor parte, los cabecillas de la sublevación. En el Bar Molina se encontraban Alfonso Rojas Ramírez, Deusdedio del Campo, Manolo del Campo, Antonio Gómez, José Fraile Moreno, Jose Antonio Valero Carretero y Gregorio Arenas, es decir, miembros destacados de los diferentes grupos de izquierdas de la localidad.

Es curioso el desenlace de este episodio ya que es el propio cacheado, Julián Fernández, el que se dirige al cuartel de la Guardia Civil a dar cuenta de lo sucedido. Allí se encuentra con el alcalde, al que insulta y amenaza, ordenando aquél su detención, ante lo cuál Julián Fernández contesta que el detenido iba a ser él (el alcalde) y que ya se encargaría él de que así sucediese (y así sería). A ello añade que “con la pareja de la Guardia Civil iba a donde fuese”. Finalmente es conducido a la cárcel aunque su encierro poco duraría, pues al día siguiente sería liberado sumándose a la sublevación junto a sus carceleros. 4 El 16 de agosto era detenido en Casas de Guijarro y asesinado en las proximidades de Pozo Amargo.

Los Guardias municipales corrieron distinta suerte al finalizar la guerra: José Castillo Nieto, dado por desaparecido por Falange, marchó al exilio. Sebastián Tébar, fue detenido y fusilado en Albacete el 24 de mayo de 1939. José López Ballesteros, el Alcalde, fue dado por desaparecido; exiliado en Francia, nunca regresará a La Roda.







1 Constitución Española de 1978, artículos 18.4 y 105.b
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 18.1 y 70.3
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, artículo 57.c
Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
Ley 19/2002 de Archivos Públicos de Castilla La Mancha, artículos 40 y 41.

2 La casa, ubicada en frente de la fachada principal de la Iglesia del Salvador, todavía hoy sigue en pie. En el mismo lugar se alojarán poco después el grueso de los integrantes de las Brigadas Internacionales que pasaron por La Roda.

3 Causa n.º 79 del Tribunal Especial Popular de Albacete, Archivo Histórico Provincial de Albacete

4  Consultar la aportación de Luis Fraile en sus artículos publicados en Crónica La Rodahttp://cronicalaroda.es/2013/08/26/la-ultima-verbena-18-de-julio-de-1936/







1 comentario:

  1. 80 aniversario del golpe de estado protagonizado por militares perjuros, desleales y traidores, apoyados por civiles de ideología fascista que causaron tres largos años de cruenta guerra civil. Tras la fratricida guerra llegó la victoria, que no la paz; esos mismos militares, que se habían sublevado contra la legitimidad repúblicana, y sus cómplices instauraron un régimen genocida, de terror, dedicado al exterminio de todos quienes no fueran sus partidarios. Durante toda la dictadura España siguió siendo un régimen de hecho, pero no de derecho. Y así seguimos a día de hoy porque, mientras no se reconozca el delito cometido hace hoy 80 años, no se haga justicia con los responsables y no se resarza a las víctimas, no podrá hablarse de Estado de derecho. Ni 40 ni 400 años de ejercicio del poder pueden convertir a una banda de criminales y asesinos en un gobierno respetable de gentes honradas.
    Y ese es el problema que sigue impidiendo la plena homologación de España con las naciones civilizadas y democráticas. Un país en el que sigue habiendo más de cien mil personas asesinadas y enterradas en fosas comunes a las que no se ha hecho justicia, es un país enfermo, que no puede mirar a su pasado ni puede encontrar paz en el presente.
    Durante los años de gobierno de los neofranquistas del PP, se ha paralizado el tímido e insuficiente intento de hacer justicia de la Ley de la Memoria Histórica. Una prueba obvia de que los herederos biológicos e ideológicos de los criminales de julio de 1936 siguen en sus trece y pretenden que el país olvide su deber de conciencia para con las víctimas del genocidio franquista.
    La verdad es que, en esta lamentable actitud de olvido participa desde el comienzo la izquierda, que debiera ser quien presionara sin descanso para que se haga justicia al más inhumano, más cruel y despiadado episodio de la historia de España. El error comenzó con la propuesta de "reconciliación nacional" que hicieron los comunistas en el exilio en los años 60. Los franquistas entendieron el mensaje y, durante la transición, engañaron a todo el mundo con una ley de amnistía que también los amnistiaba a ellos y una izquierda ingenua acabó aceptando como justa una ley de punto final. Pero que una ley inicua sea aceptada como justa no la hace menos inicua.
    Y los torturados, asesinados, los exiliados, los niños robados, las gentes expoliadas, quedaron en el olvido, al margen de toda justicia. La corrupción fundamental sobre la que estaba erigida la dictadura de Franco, esto es, la conversión de la delincuencia y la ilegalidad en legalidad y viceversa ha llegado al día de hoy porque la transición cambió una "constitución" irrisoria por otra que ha acabado siendo tan irrisoria como la anterior, pero no cambió en absoluto el conjunto del ordenamiento jurídico. Y es aquel ordenamiento jurídico de la dictadura, perverso y degenerado, en el que, al modo de Orwell, la ilegalidad era la legalidad, el delincuente, inocente y el crimen una virtud, el que explica por qué la corrupción es un fenómeno endémico en España: porque es herencia del régimen de Franco, contrario a todo principio de derecho.
    Pero, si los muertos no son honrados, los vivos no conocerán la paz. Por mucho que estos franquistas del gobierno, esta banda de presuntos malhechores y corruptos, trate de evitar que se haga justicia a la víctimas y los victimarios ocupen el lugar de deshonra e infamia que les corresponde, la justicia acabará imponiéndose. Mientras tanto, España seguirá siendo un país enfermo.

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