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Revolución, incautación y colectivización (I)

Pues resulta que mi etapa de confinamiento está siendo bastante productiva: aparte de haberme pasado a WordPress, estoy estudiando, leyendo y escribiendo como nunca antes. He decidido publicar dos entregas sobre Incautaciones y colectivizaciones porque algunas personas me lo habéis pedido. De todas formas, hay otros artículos muy interesantes sobre persecución religiosa, brigadas internacionales, tribunales populares, mujeres y milicianas, o sobre la saca de Quintanar, el Paracuellos rodense, que ya publicaré más adelante. Bueno, el de la saca anuncio que lo publicaré el 23 de agosto… Aparte de todo lo que tengo realizado, queda mucho por hacer. De hecho, en el marco de lo local, está todo por hacer. Hay muchísima información, y nada escrito. En ocasiones puede resultar un tanto tedioso porque hay muchos datos, pero lo hago lo mejor que puedo y creo que eso es lo importante. Que lo disfrutéis…

    El proceso de incautación y sobre todo, de colectivización de tierras de labor, si bien ha sido más que estudiado en diferentes puntos de la geografía española como Cataluña, Aragón, Andalucía o la zona de Levante, donde el anarco-sindicalismo de la CNT era fuerte, en muchos otros lugares, como Castilla-La Mancha, faltan todavía investigaciones que vengan a completar esta cuestión. El único trabajo destacable en la provincia de Albacete es el realizado por José Deogracias Carrión que lleva por título Colectividades agrarias de la provincia de Albacete durante la Guerra Civil. La deficiencia en las investigaciones se debe a que las teorías colectivizadoras del trabajo de la tierra, tuvieron poco impacto en tierras manchegas, aparte de no despertar grandes pasiones en los investigadores. En Castilla-La Mancha, con el predominio de la UGT, más allá de alguna revuelta aislada como la de Yeste o Bonete 1, la colectivización en el campo tendrá escasa implantación antes la guerra.

    La revolución que se produce en territorio republicano con el estallido de la guerra implicó no solo la movilización para combatir al enemigo sino también, un intenso y excesivamente complejo proceso de incautación de propiedades, junto a la posterior colectivización de muchos de los negocios agrícolas e industriales. Y nos preguntaremos, ¿cuál es o son las razones por las que se llega a este punto? Evidentemente las causas que nos remiten a este proceso debemos buscarlas en el problema agrario que los políticos de izquierdas intentan solucionar desde 1931, pero que ya venía gestándose tiempo atrás.

    En términos generales, como vimos en otros capítulos, el impacto de la reforma agraria en La Roda, fue positivo para los trabajadores del campo, aunque incompleto, ya que aquí no se llegó a expropiar ninguna finca antes de la guerra. En La Roda, como en muchos otros lugares del país, la tan ansiada reforma agraria se convertirá en una violenta revolución ya en plena guerra. Según E.Malefakis:

La frase aplicando la reforma agraria se convertirá en un terrible eufemismo para la matanza de los enemigos de clase. La reforma agraria como cuestión que podía resolverse por la vía legal y no por la violencia, había terminado 2.

    Por establecer unos antecedentes más directos, desde la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, España había entrado en la oleada de huelgas más dura de su historia. De acuerdo con los cálculos de E.Malefakis, el IRA repartió durante los cinco meses que van de marzo a julio de 1936 mucha más tierra que lo que había repartido durante los anteriores años de la República. En Albacete se ocuparon desde entonces un total de 2767 ha. y se asentaron 1794 campesinos. Y entre el 1 de mayo y el 18 de julio, el ministerio de Trabajo señaló la realización de 192 huelgas en el campo 3. Además, los sindicatos socialistas, comunistas y anarco-sindicalistas, en ocasiones habían comenzado a trabajar conjuntamente.

    La normativa es escasa con respecto a la incautación de todo tipo de bienes de los que han abandonado sus tierras o negocios, porque hayan muerto, desaparecido o simplemente hayan apoyado la sublevación. Tan sólo hemos encontrado referencias en el Decreto de Intervención de Fincas Abandonadas de 8 de agosto de 1936 del Ministerio de Agricultura, en el que ni siquiera aparece el verbo incautar, sino el de intervenir:

Las circunstancias actuales obligan al Gobierno, en defensa de la riqueza nacional, a tomar aquellas medidas indispensables que salven de una pérdida segura el patrimonio común del país. Estas medidas son más inexcusables tratándose del campo, cuya explotación ordenada y segura garantiza el abastecimiento público, a más de proporcionar trabajo a nuestras masas campesinas. Por estas razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Agricultura, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.° Todo cultivador directo, propietario, colono, arrendatario o aparcero que abandone o haya abandonado voluntariamente su explotación rural, dejando en suspenso las labores de recolección y trilla; las preparatorias de la siembra, las atenciones requeridas por el ganado de renta; el entretenimiento de los aparatos elevadores de agua de riego, y en general cualquier trabajo indispensable al sistema de aprovechamiento de la finca cuya explotación venía realizando en el momento presente, se considerará ‘que incurre en responsabilidad y que consiente en que su explotación seá intervenida, a los fines del oportuno y racional rendimiento de la misma. Artículo 2.° Por las autoridades municipales se procederá a hacerse cargo inmediato de los terrenos rústicos de cultivo, así como de todo el capital de explotación existente en los mismos. Antes de ello y por medio de edictos, y en el plazo de ocho días como máximo, se hará un requerimiento público al interesado para que cumpla con sus deberes de cultivador en la forma que señalan las disposiciones vigentes. Artículo 3.° Los Alcaldes de los Ayuntamientos leales al Gobierno de la República quedan nombrados delegados especiales al efecto de la intervención temporal del Instituto de Reforma Agraria para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto (…)

    Este Decreto nos pone en relación directa con el problema de la tierra que se venía discutiendo ampliamente en el Parlamento español desde que se proclamara la República en 1931. De la lectura del Decreto extraemos fundamentalmente tres conclusiones: que se quería continuar con el proyecto del Instituto de Reforma Agraria (IRA) sobre reforma agraria; en segundo lugar, no dejar desatendidos cultivos y cosechas y, en tercer lugar, que la labor de control sería asumida por los Ayuntamientos leales a la República. Sin embargo, el Decreto de intervención de fincas llegaba demasiado tarde: ni se procedería conforme a la normativa del IRA, ni los Alcaldes estarán al mando, por lo menos hasta el 25 de septiembre, fecha en la que la Delegación para la Reforma Agraria en Albacete, comience a hacerse cargo de las fincas incautadas. En definitiva, la Ley de Reforma Agraria había generado tales expectativas en el campesinado y tal polarización de la sociedad que el estallido de la guerra en el verano de 1936 vendría acompañado de una salvaje revolución obrera y campesina que será orquestada por los Comités locales, quedando incluso a veces, fuera de su control.

     Tras la sublevación militar, el sindicato socialista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), junto al Partido Comunista, serán los que ocupen la ausencia de la CNT en las zonas de latifundio de Castilla-La Mancha y más concretamente en La Roda. Éstos serán los dos organismos que actúen frente a la parálisis de la tan deseada Reforma agraria y que potencien la ocupación de fincas. A partir de septiembre se sumará a esta tarea la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de corte anarquista, aún con sus atípicas peculiaridades en la localidad. Desde entonces, el proceso de colectivización de tierras será considerable, siendo controlado por el PC y por ambos sindicatos indistintamente, a veces de forma individual, otras de forma conjunta. Este proceso se realizó necesariamente contra la opinión de una parte de la población, sobre todo de los republicanos de izquierdas y del pequeño propietario, que se vio forzado a subirse al carro, so pena de ser calificado de faccioso. Los partidos republicanos siempre lucharán por el mantenimiento de la pequeña y mediana propiedad. Más adelante veremos cómo progresivamente el PC se desmarca de la fiebre colectivizadora desde que comienza a plantearse la disyuntiva entre hacer la revolución, o ganar la guerra.

    Había tal caos en lo político, en lo administrativo, en lo gubernamental, en lo judicial… que se hace muy complejo abordar un trabajo de estas características. Participan multitud de partidos políticos y sindicatos; constantemente se crean y suprimen nuevos organismos como comités, consejos, juntas, delegaciones, etc. además, sus funciones con frecuencia se solapan generando más caos y conflicto a una situación que ya era complicada; todo ello sin contar con los problemas adiccionales generados por la incautación de fincas rústicas en otros términos municipales y el consiguiente choque de intereses con otros Comités locales y sus representantes políticos y sindicales.

     Como hemos visto, las funciones básicas del Comité de Enlace, serán el control de todo lo relacionado con milicias, orden público, cárceles e instrucción de sumarios y, por supuesto, la requisa de tierras, fábricas y negocios cuyos dueños habían muerto, desaparecido o eran considerados simpatizantes del movimiento subversivo. Sin embargo y, paradójicamente, en casi todas las incautaciones realizadas por el Consejo, se especifica siempre incautado por el Estado, tal vez con el ánimo de dotar de cierta legitimidad a tales incautaciones. Al fin y al cabo, había sido la descomposición del Estado y el acceso de las masas a las armas, lo que había facilitado el control e incautación de industrias, servicios públicos y explotaciones agrícolas por parte del Comité, en un proceso que obviamente trascendía la mera movilización de milicianos.

     Las requisas e incautaciones de las primeras semanas, fueron realizadas aleatoriamente por cualquier miembro u organismo que había apoyado al gobierno republicano. Esta situación generó tal descontrol que progresivamente el Comité de Enlace fue haciéndose cargo de todo lo incautado; exigirá la entrega de todos los edificios y materiales incautados para servicio de utilidad pública, haciéndose con su control exclusivo. Todo aquello que con posterioridad necesiten los diferentes sindicatos, partidos y comités específicos, se pedirá por escrito al Comité de Enlace, valorando una posible prestación.

     En materia agraria, el Comité de Enlace creará el 3 de agosto un Consejo de Administración de Fincas Rústicas Incautadas. En primer lugar se procedía a ratificar el nombramiento de administradores para dos de las fincas incautadas. Esto refleja que antes de esta fecha, el saqueo descontrolado, más que la incautación, ya se había producido.

     Finalmente, el 31 de agosto el Comité se hacía con el control de manera oficial de las fincas incautadas, nombrando además, una Comisión de Incautaciones, cuyos delegados serán: Deusdedio del Campo por UGT, Gregorio Arenas por el PSOE, Jose Antonio Valero por UR, Restituto Gaitano por IR y Julián González por el PC. Basándose en el Decreto que comentábamos del 8 de agosto del Ministerio de Agricultura, se acuerda seguir con el control y ejecución de las incautaciones a todos los encausados en el movimiento fascista, como dirigentes, financiadores y demás atributos de responsabilidad.

     A partir de esta fecha, se incautan el resto de fincas de la pedanía de Santa Marta (de Camilo de Torres y hermanos) y las fincas de Valtenebroso, la finca Pedro Serrano, La Dehesica (de Aurelio Giménez), la Casa del Olmo (de Jose Escobar), la Casa del Señor (de Manuel Ruiz), la Casa de la Maza (Luis Illana), la Casa Blanca (de Bautista Belmonte), la de Diego Berruga, la de Luis Redondo Sotoca, y muchas más: la finca de El Concejo, la Marmota, casa Marchante, villa Cascantes, la Navica, la Hoya del Pozo, las Navas, el Labajo, la huerta de los Tuertos, etc. También se aprueba la incautación de los terrenos llamados de La Cañada sobre todo para dar comienzo a las obras de canalización de aguas de utilidad pública (cosa que se hará efectiva en el mes de diciembre). Al poco, los nombres de estas fincas, ya colectivizadas, pasarán a tener otras denominaciones, como por ejemplo, Colectividad Pablo Iglesias, La Pasionaria o Marmota Grajuela.

     Según los pocos documentos que se conservan al respecto, en los archivos del IRA del Ministerio de Agricultura hemos encontrado que en el término municipal de La Roda fueron intervenidas con posterioridad al 18 de julio, un total de 26 fincas ocupando 13.527 ha. En este sentido fue afectado un 34,21 % del término municipal, que tenía una extensión total de 39.533 ha. Todo ello sin contar con las fincas incautadas a propietarios de La Roda que estaban fuera del término municipal. Esta información la podemos completar con el gráfico (aunque incompleto) de José Deogracias Carrión sobre Población vinculada a las colectividades en la provincia de Albacete. Carrión no hace ninguna referencia a este gráfico en su trabajo pero lo inserta al final del mismo. Intuimos que por las cifras de población aportadas, está refiriéndose, no a términos municipales, sino a partidos judiciales. Aún con menos población que el partido de Hellín, el de La Roda fue el territorio más afectado por el fenómeno de la colectivización después de la capital.

     Junto al saqueo de las áreas de habitación, de la ganadería y del material y maquinaria agrícolas, se confeccionan inventarios de todas las existencias sobrantes y se procede al reparto de las tierras. En muchas ocasiones, las mejores tierras serán apropiadas por algunos de los campesinos revolucionarios más destacados, aparte de poner guardas milicianos para garantizar el orden en las mismas. Además, algunos locales incautados ya en el casco urbano, serán destinados a graneros para el abastecimiento, como el local que tenía la familia Collado en el Portazgo.

     También será incautado el molino de los Cadenas y dos fábricas de harinas: la de Serapio Martínez y la de Serapio Fraile en Santa Marta, ésta última por el Sindicato de Molineros compuesto por obreros de CNT y UGT. En octubre serán oficialmente incautadas también las bodegas y fábricas de alcoholes de Pedro Ortega, Julián y Pío Viñas, Herminio y Jose Mª Picazo, de Diego Berruga, etc. Una Comisión Vitivinícola se encarga de realizar los inventarios de haberes.

     En los estudios sobre colectivización existentes en otras Comunidades Autónomas, sobre todo en aquéllas donde hubo predominio de la CNT, se procede a analizar y diferenciar el fenómeno en su doble vertiente, es decir, la colectivización agraria y la industrial. Este método, si bien también lo podemos extrapolar al caso de La Roda, creemos que no es necesario. Dado que nos encontramos frente a una economía fundamentalmente de tipo agrario, casi todas las industrias incautadas estarán íntimamente relacionadas y subordinadas a la producción agrícola; nos referimos a las bodegas, fábricas de harina y panaderías, cuyas materias primas no son otras que la uva y el trigo.

    No obstante, que sepamos, también fue incautada la farmacia; y por lo que respecta al sector textil, un taller de confección de ropas. Este taller será colectivizado por mujeres (previa requisa de todas las máquinas de coser) y su producción, puesta al servicio de la guerra. Todo ello sin contar con la incautación de instituciones de tipo cultural y/o recreativo como el Teatro Cervantes o la Sociedad Obrera la Caridad, incautada esta última debido a las manifestaciones de acción directa fascista de toda la corporación. Aparte de la persecución e incautación de las propiedades de las personas implicadas de una u otra manera en la sublevación, también se procedió a aplicar sanciones económicas. En adelante, muchos acusados de desafección al Régimen, al no poder pagar las cuotas, pedirán disminuir su cuantía u ofrecerán a cambio la entrega de fincas y propiedades.

     Otros edificios privados incautados son repartidos entre los diferentes partidos y asociaciones para ser destinados a sedes políticas, siendo también obligados a la realización de inventarios de bienes. La sede del Partido Comunista se instalará en la finca incautada a Gabriel Arce, además de la asignación de otros dos locales en la pedanía de Santa Marta. Ya hemos visto los edificios donde se instalará La Casa del Pueblo y el Comité de Enlace; las Juventudes Socialistas Unificadas en la casa de José Escobar. A la CNT se le otorgará como domicilio social la casa que fuera de Miguel Mas y a las Juventudes Libertarias la casa de Lucinio Collado. Hay que tener en cuenta que estas ubicaciones no fueron permanentes, pues algunos grupos cambiaron su domicilio social en más de una ocasión.

     Aparte de estas incautaciones, también se proced a la requisa de automóviles, carros, bicicletas, aparatos de radio, máquinas de escribir y de coser, etc.

(segunda parte, próxima semana)


1 Para más información consultar:  Requena Gallego, M., Yeste durante la II República: modernización política y conflictividad social, 1931-1936, IEA, Albacete, 2006; Carrión Iñiguez, J.D., Suceso de Bonete (marzo de 1936), Al-Basit, nº20, 1987 

2Malefakis, E., Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel Historia, 1980 (pág. 425)

3Ibíd., pág 441

 

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